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Licencia de criptomonedas de Gibraltar
Gibraltar es uno de los territorios más atractivos para las empresas de TI. El país ha creado condiciones confortables para las actividades comerciales, incluyendo tasas impositivas bajas, sin impuestos sobre dividendos, y un impuesto corporativo de solo el 12,5%, lo que es atractivo para empresas fintech y proyectos de criptomonedas. Si su negocio está relacionado con blockchain y desea operar legalmente, Gibraltar es una solución adecuada. Esta es una oportunidad para empresas emergentes que buscan lanzar un proyecto de inversión cumpliendo con los requisitos legales flexibles establecidos en ese país.
Contenidos
¿Cuál es la licencia de finanzas virtuales de Gibraltar?
La licencia de criptomonedas de Gibraltar es un permiso especial para realizar actividades en el campo de los servicios financieros virtuales, gestión de billeteras de dinero digital e intercambio de criptomonedas. El sector financiero digital es legal. La Comisión de Servicios Financieros (GFSC) regula el trabajo de las empresas en la industria. Es bastante posible obtener una licencia en este sector regulado de la economía, pero se deberá presentar una lista impresionante de documentos y esperar varios meses.
¿Por qué debería elegir Fintech Harbor Consulting para obtener una licencia de criptomonedas en Gibraltar?
El regulador nacional revisa cuidadosamente cada solicitante y transacción durante varios meses. Se requiere cumplimiento normativo, por lo que completar las solicitudes por su cuenta será problemático. Los abogados de Fintecharbor siguen las actualizaciones en la legislación y están listos para guiarlo a través de todas las etapas para obtener una licencia.
El proceso para obtener una licencia de criptomonedas en Gibraltar
Para convertirse en un proveedor licenciado de servicios de criptomonedas en Gibraltar, necesita tener una oficina real en el país, contratar empleados locales y un gerente (o posición relevante), y confirmar que la empresa está operando a nivel nacional. Se requiere transferir el capital autorizado, elaborar las políticas y planes de negocio necesarios para cumplir con los requisitos de AML, y pagar las tarifas estatales. Normalmente, una licencia se emite dentro de 9 a 12 meses.
¿Cuánto cuesta obtener una licencia de criptomonedas en Gibraltar?
Las licencias deben renovarse anualmente. La cantidad varía según el tipo de actividad. La complejidad de la forma de negocio propuesta se evalúa en la etapa de solicitud. Proyectos simples de blockchain – £10,000 por año, proyectos ICO – £20,000 por año, operador de intercambio de criptomonedas – £30,000 por año, pero para establecer este negocio, debe obtener una licencia DLT – presupuesto aproximado para esto cerca de 1 millón de EUR y más de 100,000 EUR por año.
Comentarios
Estábamos buscando un territorio adecuado para una startup de criptomonedas. Los abogados nos asesoraron detalladamente sobre las especificidades de la legislación, y elegimos Gibraltar. Ahora estamos en el proceso de registro.
Gracias a los asesores por los consejos detallados y el apoyo en el proceso de establecimiento de un intercambio de criptomonedas. Todo salió según lo planeado y más rápido de lo que esperábamos.
Preguntas frecuentes
¿Es legal la criptomoneda en Gibraltar?
Sí, las criptomonedas pertenecen al sector regulado de la economía y son reconocidas como un medio de pago al mismo nivel que el dinero fiat. Se permiten las actividades de intercambios, el intercambio, la emisión de tokens y las ICO.
¿Cuánto tiempo lleva obtener una licencia de criptomonedas en Gibraltar?
Comúnmente, puede obtener una licencia DLT en 9-12 meses, siempre que tenga un establecimiento local, una cuenta de pago y una oficina. Cabe mencionar que todas las solicitudes se evalúan individualmente. El regulador verificará el nivel de riesgo, la estructura de gestión de la organización, los protocolos para proteger datos personales y recursos financieros, un plan de acción en caso de fuerza mayor, y mucho más. Vale la pena mencionar que cada titular de licencia está obligado a informar anualmente al regulador estatal.
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